El tema recurrente de estos últimos años de masificación de las redes sociales, y mayormente impulsado por juristas y abogados, ha sido el de la protección de la privacidad en internet y de la extensión de los derechos personales en internet.
En este marco, el diputado del Partido Propuesta Republicana (PRO), Julián Obligio, presentó un proyecto de ley que posibilitaría a través de mecanismos de comunicación entre las plataformas y los usuarios, dar de baja o impedir el acceso a cualquier contenido que viole la privacidad de una persona, son que sea necesaria una instancia judicial ni la intervención de la Justicia.
Este proyecto de regulación de los niveles de responsabilidad que manejan algunos sitios de internet, es como muchos otros, un intento por brindar al usuario de internet una herramienta ágil que le permita proteger su imagen, persona y datos privados.
Sin embargo, desde su concepción, parece generar polémia y contradicciones, ya que por un lado el objetivo informado es “regular la responsabilidad legal de los proveedores de servicios en Internet como Google, Facebook y Twitter”, plataformas a las que considera como “intermediarias”, y responsables de bloquear, eliminar o impedir el acceso al material denunciado por violación de la privacidad.
La forma en que el proyecto argumenta que debería regularse este tipo de acciones es exigiéndole a los sitios de internet que ofrezcan un correo electrónico como medio para denunciar este tipo de violaciones, y que sólo puedan ser denunciadas por los afectados o sus representantes. También indica que se podrá reclamar la baja de estos contenidos utilizando vías de comunicación aceptadas por la ley como una carta documento y acta notarial entre otras.
A quienes exceptúa de la responsabilidad es a los proveedores de servicios de internet (ISP), argumentando que “no tienen la obligación general de supervisar los datos que transmitan, almacenen o enlacen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas”, tal como indica su artículo 6.
Este proyecto, como otros tantos que han intentado regular de alguna forma los contenidos que afecten derechos de la vida real en internet, sufre sus principales debilidades en la forma en que estas empresas mencionadas ofrecen sus servicios, ajustándose a ciertas normativas de derecho locales pero siempre en una instancia donde intervenga la Justicia, y no en su máximo alcance ya que algunos contenidos podrían estar sujetos a normativas de caracter internacional.
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