La semana pasada, Japón aprobó una enmienda sobre la Ley de Propiedad Intelectual, que establece dos años de prisión para todos los usuarios que descarguen material con copyright. La ley empezará a operar en octubre.
Mientras que subir material con copyright estaba penalizado desde hace tiempo en ese país, el asunto de las descargas ha causado algo más de preocupación, ante las dudas de si ver un video pirata en YouTube podría entrar en esta clasificación también.
Pese al cambio en la legislación, y al temor que los usuarios puedan tener ahora de navegar, la Asociación de la Industria Musical de Japón está presionando para que se instalen medidas adicionales, en específico, que los ISP utilicen un software capaz de identificar cuando alguien está subiendo material pirata y detener esa carga.
Algunos podrán pensar que tal vez se trata de un sistema de alta inteligencia, pero no. Este sólo espiaría las conexiones de los cibernautas estableciendo una comparación entre los datos que se están subiendo en contraste con las huellas digitales de estos archivos, que serían evaluados en una base de datos externa. Posteriormente, si se llegara a encontrar algún indicio de coincidencia, se bloquearía automáticamente el contenido que estaría siendo infringido.
Según el informe público, este sistema incluiría también advertencias a los usuarios que suben este tipo de contenido, poniéndolos en alerta que si continúan con esta actividad podrían terminar con dos años de cárcel por este tipo de violación de copyright. Si se implementa sería uno de los sistemas más invasivos en torno a la protección del copyright existentes hasta el momento.
Por otra parte, si este sistema debuta con éxito no resultaría extraño ver posteriormente a otros gobiernos adoptando esta tecnología. Los sellos aseguran que el sistema también será un gran beneficios para los ISP, que dejarían de ser considerados como “infractores” por no hacer nada respecto de esta situación. En general, los ISP se han opuesto a los bloqueos y medidas de espionaje porque implican la instalación de sistemas complicados que hacen más caras sus operaciones.
Junto a esta medida, seguro también comienzan a llegar un centenar de demandas por invasión a la privacidad.
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