El pleno del Parlamento Europeo rechazó este miércoles el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) negociado por países industrializados.
En el debate previo al voto, gran parte de los eurodiputados se expresaron en contra del acuerdo, argumentando que se entromete en los derechos fundamentales de los internautas.
El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, intentó hasta el último minuto variar el sentido del voto de los parlamentarios, que ya habían votado en contra de ratificar el tratado en hasta cinco comisiones parlamentarias distintas.
“No hay nada que temer en el acuerdo", dijo De Gucht. "ACTA no cambia las leyes europeas y si ahora estas leyes no violan derechos, tampoco lo hará el nuevo tratado", explicó.
"Votar en contra irá en contra de la protección de los derechos de la propiedad intelectual en todo el mundo".
El Ejecutivo comunitario presentó el pasado 11 de mayo una petición a los jueces de Luxemburgo para que se pronuncien sobre si el ACTA es acorde a la legislación comunitaria.
En total, hubo 478 votos en contra, 39 a favor y 165 abstenciones.
Socialistas y demócratas (S&D), la Alianza de los Liberales Europeos (ALDE), la Izquierda Unitaria Europea (GUE) y los Verdes y la Alianza Libre Europea (Greens/ALE) votaron en contra.
En el Partido Popular Europeo (PPE) hubo división de voto, pero fue insuficiente para inclinar la balanza.
El PPE intentó posponer el voto hasta que el tribunal de Luxemburgo se pronunciara, pero la petición fue rechazada.
Además de la UE y sus 27 estados, también han negociado el texto Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, Marruecos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Algunos han avalado el acuerdo a nivel ejecutivo, pero aún falta la aprobación desde sus congresos.
Para que el tratado entre en vigor, lo tienen que haber ratificado seis países al menos.
La UE está representada como bloque y por sus 27 países. Sin embargo, el ACTA solo se puede aplicar si es aceptado unánimemente.
Al tratarse de un acuerdo que incluye alusiones a sanciones penales, los Estados miembros deberán pronunciarse individualmente según dicte su normativa nacional, en la mayoría de los casos sometiendo el texto a examen en sus respectivos parlamentos.
Un total de 22 de los 27 países comunitarios ya ha firmado el texto, mientras que otros han solicitado más tiempo para estudiarlo a fondo.
El ACTA pretende luchar contra la piratería en internet, contra las falsificaciones de productos comerciales de marca y medicamentos ilegales a través de la cooperación internacional y normas en materia penal, civil, de aduanas y ambiente digital.
El temor principal de los detractores de este acuerdo es que la defensa de los derechos de autor se coloque por encima de la de los derechos fundamentales, y que la gestión de los contenidos en internet sea modificada.
Este convenio está basado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que es administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), suscrito en 1995.
